Noviembre 2024
Por Mauricio Rodríguez, Ph.D.,
Director de Asuntos Científicos,
CropLife Latin America
mrodriguez@croplifela.org
Es ampliamente aceptado que la población mundial continúa creciendo, lo cual supone importantes desafíos, tanto para asegurar una producción sostenible de alimentos, como para garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones actuales y futuras [1]. Igualmente importante es la necesidad de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que consumimos, al mismo tiempo que se mantiene un nivel de subsistencia digna para los agricultores y sus familias. Para lograr estos objetivos, los fitosanitarios juegan un papel fundamental ya que ayudan a controlar plagas, enfermedades y malezas que pueden afectar negativamente los cultivos. Este tipo de productos, como cualquier sustancia química, genera preocupaciones sobre sus posibles impactos en la salud y el ambiente, provocando la imposición de regulaciones cada vez más estrictas, y, en algunos casos, basadas en el principio precautorio. Aunque las acciones de prevención son importantes, este principio se aplica desde un enfoque restrictivo y prohibicionista que elimina los beneficios del uso de productos fitosanitarios. Un enfoque más equilibrado, que se basa en la prevención sin eliminar acceso a tecnologías, es adoptar regulaciones y tomar decisiones basadas en la evaluación científica del riesgo.
Las agencias regulatorias del gobierno tienen el difícil trabajo de tomar decisiones que busquen el bienestar de los ciudadanos. Para el caso de la agricultura, deben poner en una balanza tanto los beneficios como los riesgos del uso de los fitosanitarios y las acciones de mitigación de tales riesgos. Solamente cuando toman decisiones debidamente informadas con la mejor información científica disponible, pueden garantizar que los fitosanitarios se utilicen de manera segura. La evaluación de riesgos es un proceso científico riguroso que evalúa tanto los posibles beneficios como los riesgos del uso de un fitosanitario en el contexto de cada país. Este proceso implica evaluar la toxicidad del fitosanitario, sus niveles potenciales de exposición y su impacto en la salud humana, la biodiversidad y el ambiente. Basándose en estas evaluaciones, las autoridades pueden establecer regulaciones que protejan la salud pública y el ambiente, permitiendo al mismo tiempo que los agricultores utilicen responsablemente los fitosanitarios que protegen sus cultivos y contribuyen a la seguridad alimentaria de la población [2].
Contrariamente a la toma de decisiones científicamente informadas, se encuentra el enfoque regulatorio que utiliza el principio de precaución, que asume que cualquier riesgo, sin importar cuan improbable sea, es demasiado [3]. Este principio puede llevar a la prohibición innecesaria de fitosanitarios beneficiosos y necesarios. Este tipo de decisiones puede socavar la seguridad alimentaria, desmejorar las condiciones de vida tanto de agricultores como de consumidores, aumentando la presencia de fitosanitarios adulterados e ilegales que se basa en el uso de productos químicos más antiguos y menos seguros. Solo la toma de decisiones basada en evaluación rigurosa del riesgo nos garantiza que las regulaciones estén fundamentadas en evidencia científica verificable y que se consideren tanto los beneficios como la mitigación de riesgos del uso de fitosanitarios.
La regulación en la agricultura debe propender por la seguridad y la inocuidad alimentaria, la dignidad y subsistencia de los agricultores, con políticas que promuevan la inversión en innovación y el acceso a ella. En lugar de prohibir los fitosanitarios basándose en el miedo irracional, principio de precaución, debemos confiar en la capacidad de nuestras autoridades que toman decisiones basadas en el conocimiento científico completo y riguroso. Este enfoque no solo protege la salud pública y el medio ambiente, sino que también garantiza que los agricultores puedan seguir proporcionando al mundo los alimentos que necesita. Las autoridades regulatorias juegan un papel crucial en este proceso, garantizando que los pesticidas se utilicen de manera segura y responsable, de una manera que apoye la agricultura sostenible para las generaciones futuras.
[1] Alimentación y agricultura sostenibles. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consultado el 3 de octubre de 2024. https://www.fao.org/sustainability/es/[2] Overview of Risk Assessment in the Pesticide Program. United States Environmental Protection Agency. Consultado 2 de octubre de 2024. https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-risks/overview-risk-assessment-pesticide-program [3] The true cost of precautionary chemicals regulation. Durodié B. Risk Anal. 2003 Apr;23(2):389-98. doi: 10.1111/1539-6924.00318. PMID: 12731822.